La sustracción internacional de menores (SIM) representa un fenómeno creciente en los últimos años, motivado principalmente por la globalización, con el consiguiente aumento de matrimonios mixtos y las frecuentes crisis de pareja, donde uno de los progenitores se toma la justicia por su mano, incumpliendo una resolución judicial o administrativa con relación a la custodia y derecho de visita de los hijos. Ante esta situación, el Derecho debe ofrecer una respuesta adecuada, articulando los medios adecuados para evitar la sustracción o, una vez producida ésta, reparar en la medida tal conducta ("quid iuris?"). Es evidente el carácter poliédrico de su regulación, afectando tanto a la jurisdicción civil como a la penal, con procedimientos propios en cada una de ellas, con una profusión normativa que, en ocasiones, dificulta sobremanera la resolución de los problemas prácticos de este drama cuyo estudio reviste una gran complejidad. Precisamente, la obra que se presenta al lector constituye un estudio transversal y multidisciplinar de la sustracción internacional de menores, comenzando en primer lugar, con una aproximación teórico-práctica delimitando conceptualmente lo que sea "sustracción ilícita", tomando como referencia el Convenio de la Haya de 1980, sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores(CH 1980) y el Reglamento Bruselas II Bis, que facilita el retorno del menor en caso de su traslado o retención ilícitos. Conexo a lo anterior, se analizan las medidas legislativas de prevención ante la sustracción parental de menores, destacando el papel fundamental del Fiscal, resultando de obligada referencia la Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden), y el exhorto europeo de obtención de pruebas, en los casos en que el país receptor del menor sustraído pertenezca a la Unión Europea. En este ámbito civil, resulta de importancia hacer referencia al binomio "custodia compartida y sustracción de menores", como ejes fundamentales sobre los que pivota la sustracción internacional de menores, guiado como criterio de interpretación por el "interés superior del menor".