El autor de este libro ha sido Decano del Colegio de Abogados de Madrid durante varios lustros. Llevado por el impulso de una vida en gran parte dedicada a la tutela del derecho de defensa, analiza en este libro temas trascendentes para que el proceso penal termine de acoplarse, en su esencia, al significado de la democracia y del Estado de Derecho. El libro analiza cuestiones como el sistema, notoriamente incumplido, de la citación para la primera declaración; la forma en que se practican las detenciones, frecuentemente de manera contra legem; las agresiones a la presunción de inocencia; las dilaciones indebidas que no sólo generan indefensión sino que significan una agresión directa a la efectiva preservación de la dignidad humana. Ese panorama revela la necesidad de seguir trabajando para evitar que se perpetúe la crisis del derecho de defensa. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han dictado una jurisprudencia continua y firme: se trata de un derecho esencial reconocido en la Constitución que debe ser respetado, cualesquiera que sean los crímenes perseguidos, quien quiera que fuese el imputado. Suenan las alarmas ante vulneraciones de derechos básicos que son fáciles de proclamar y difíciles de hacer efectivos. Pero cuando la sociedad muestra sus peores caras terrorismo, corrupción, violencia de género, prevaricación, la justicia debe enseñar su mejor, más sólida y limpia fachada.

El autor de este libro ha sido Decano del Colegio de Abogados de Madrid durante varios lustros. Llevado por el impulso de una vida en gran parte dedicada a la tutela del derecho de defensa, analiza en este libro temas trascendentes para que el proceso penal termine de acoplarse, en su esencia, al significado de la democracia y del Estado de Derecho. El libro analiza cuestiones como el sistema, notoriamente incumplido, de la citación para la primera declaración; la forma en que se practican las detenciones, frecuentemente de manera contra legem; las agresiones a la presunción de inocencia; las dilaciones indebidas que no sólo generan indefensión sino que significan una agresión directa a la efectiva preservación de la dignidad humana. Ese panorama revela la necesidad de seguir trabajando para evitar que se perpetúe la crisis del derecho de defensa. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han dictado una jurisprudencia continua y firme: se trata de un derecho esencial reconocido en la Constitución que debe ser respetado, cualesquiera que sean los crímenes perseguidos, quien quiera que fuese el imputado. Suenan las alarmas ante vulneraciones de derechos básicos que son fáciles de proclamar y difíciles de hacer efectivos. Pero cuando la sociedad muestra sus peores caras terrorismo, corrupción, violencia de género, prevaricación, la justicia debe enseñar su mejor, más sólida y limpia fachada.