Los Planes de Ordenamiento Territorial se constituyen en la actualidad en uno de los más novedosos instrumentos del derecho administrativo para garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos, especialmente el derecho a gozar de un medio ambiente sano. La principal característica de esta herramienta es precisamente que tiene por objetivo el lograr la satisfacción del interés general y para ello es necesario que el derecho de propiedad sea limitado y redefinido a través de la imposición de obligaciones que hacen parte de su núcleo esencial. Así las cosas, la ciudad se convierte en un escenario público que justifica el ejercicio de competencias, y estas al ser ejercidas a través de estructuras organizativas constituyen una verdadera función administrativa. Este es el contexto que justifica el escrito que el lector tiene en sus manos, y denota que la interacción entre derecho público y privado es una realidad palpable que desmitifica las fronteras fijadas por las diferentes áreas de estudio de la ciencia jurídica, pues la interacción es un doble sentido: mientras que en algunos ámbitos se puede sostener una huida del derecho administrativo, en otros se puede defender una publificación de las instituciones clásicas del derecho privado.