El derecho constitucional latinoamericano ha vivido una profunda transformación durante los últimos veinticinco años. Por un lado, un número importante de países de la región reformaron o promulgaron nuevas constituciones, con el fin de consolidar o ampliar sus democracias liberales.1 Las transformaciones constitucionales realizadas en Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina (1995), Ecuador (1998) y Chile (2005) tuvieron como objetivos, entre otros, relegitimar sus sistemas políticos, plantear un nuevo balance entre las ramas del poder público, ampliar sus cartas de derechos o modernizar sus instituciones políticas y jurídicas.
Por otro lado, las nuevas constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) tuvieron como objetivo alejarse del modelo liberal que ha sido, históricamente, el horizonte político normativo de la mayoría de los Estados de la región.3 Las constituciones de estos tres países fueron expedidas con el fin de materializar un nuevo modelo político que permitiera atacar de manera eficiente los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión que afectan a la mayoría de sus ciudadanos.4 Inspiradas, por lo menos parcialmente, en lo que ha sido llamado el socialismo del siglo XXI, estas constituciones han buscado erigir una democracia radical en estos tres países suramericanos.5 Para alcanzar este objetivo, tales cartas políticas, entre otras cosas, otorgaron poderes extensos a la rama ejecutiva, debilitaron las facultades de control de la rama judicial, promulgaron un número notable de derechos sociales y económicos, reconocieron una gama amplia de derechos a las minorías culturales y transformaron algunas de sus instituciones políticas y jurídicas para hacerlas compatibles con el principio de diversidad cultural.
