Uno de los pilares centrales de las democracias contemporáneas es la consideración del Policentrismo de poderes, el hecho de que la autoridad pública sea ejercida mediante instituciones separadas y autónomas, lo cual, se supone, permite crear una esfera de debates y decisiones que comportan mutuos controles, pesos y contrapesos. A partir de esta premisa, la independencia judicial constituye una garantía fundamental con la que deben contar los Estados constitucionales, lo cual le permite a la sociedad salvaguardarse y protegerse de posibles abusos del poder político. Bajo la premisa de la separación e independencia de poderes, la estructura institucional colombiana incluye dentro de su entramado cuatro altos tribunales: el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de justicia. El presente estudio aborda las relaciones entre el poder Ejecutivo y las dos Altas Cortes, la Constitucional, con solo dos décadas de existencia, y la Corte Suprema de justicia, institución bicentenaria.