En un Estado Social de Derecho como el colombiano, la actividad de la administración está sometida al principio de legalidad y supremacía de la Constitución que se encuentran ampliamente consagrados en nuestra Carta Política, esto sin embargo no es suficiente si los mismos no se concretan y se hacen realidad mediante la creación de normas y su consecuente aplicación, pues sería inocuo mantener una cantidad de mandatos legales que son desconocidos, ya que esta conducta desencadenaría en la más atroz desigualdad y posterior ilegitimidad del Estado. Para que un Estado pueda considerarse legítimo debe inspirar la confianza en sus habitantes de que va a mantener la igualdad y la justicia y esto lo logra a través de la expedición de leyes, que además de ser obedecidas sean cumplidas. Por ello es tan importante el estudio del concepto de inactividad administrativa, porque es un tema que pone en entredicho la actuación de la administración al no cumplir cabalmente con su función principal, de procurar el acatamiento de la totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico.

En un Estado Social de Derecho como el colombiano, la actividad de la administración está sometida al principio de legalidad y supremacía de la Constitución que se encuentran ampliamente consagrados en nuestra Carta Política, esto sin embargo no es suficiente si los mismos no se concretan y se hacen realidad mediante la creación de normas y su consecuente aplicación, pues sería inocuo mantener una cantidad de mandatos legales que son desconocidos, ya que esta conducta desencadenaría en la más atroz desigualdad y posterior ilegitimidad del Estado. Para que un Estado pueda considerarse legítimo debe inspirar la confianza en sus habitantes de que va a mantener la igualdad y la justicia y esto lo logra a través de la expedición de leyes, que además de ser obedecidas sean cumplidas. Por ello es tan importante el estudio del concepto de inactividad administrativa, porque es un tema que pone en entredicho la actuación de la administración al no cumplir cabalmente con su función principal, de procurar el acatamiento de la totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico.