El derecho constitucional latinoamericano ha vivido una profunda transformaciĂłn durante los Ășltimos veinticinco años. Por un lado, un nĂșmero importante de paĂses de la regiĂłn reformaron o promulgaron nuevas constituciones, con el fin de consolidar o ampliar sus democracias liberales.1 Las transformaciones constitucionales realizadas en Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), PerĂș (1993), Argentina (1995), Ecuador (1998) y Chile (2005) tuvieron como objetivos, entre otros, relegitimar sus sistemas polĂticos, plantear un nuevo balance entre las ramas del poder pĂșblico, ampliar sus cartas de derechos o modernizar sus instituciones polĂticas y jurĂdicas.
Por otro lado, las nuevas constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) tuvieron como objetivo alejarse del modelo liberal que ha sido, histĂłricamente, el horizonte polĂtico normativo de la mayorĂa de los Estados de la regiĂłn.3 Las constituciones de estos tres paĂses fueron expedidas con el fin de materializar un nuevo modelo polĂtico que permitiera atacar de manera eficiente los problemas de pobreza, desigualdad y exclusiĂłn que afectan a la mayorĂa de sus ciudadanos.4 Inspiradas, por lo menos parcialmente, en lo que ha sido llamado el socialismo del siglo XXI, estas constituciones han buscado erigir una democracia radical en estos tres paĂses suramericanos.5 Para alcanzar este objetivo, tales cartas polĂticas, entre otras cosas, otorgaron poderes extensos a la rama ejecutiva, debilitaron las facultades de control de la rama judicial, promulgaron un nĂșmero notable de derechos sociales y econĂłmicos, reconocieron una gama amplia de derechos a las minorĂas culturales y transformaron algunas de sus instituciones polĂticas y jurĂdicas para hacerlas compatibles con el principio de diversidad cultural.