Este libro presenta un análisis de la dimensión social, ambiental, política y jurídica de las principales fuentes de afectación sobre la fauna y flora del país, haciendo énfasis en la identificación de los sujetos infractores o delincuentes ambientales, su relación con los grupos armados, y los desafíos institucionales para enfrentar estas acciones a nivel nacional. La obra se divide estratégicamente en cuatro partes: la primera se centra en la presentación y análisis de información secundaria, los derechos de petición y entrevistas individuales a funcionarios con el fin de dimensionar los impactos ambientales y desafíos institucionales por las afectaciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, tercera y cuarta parte, se analizan seis temáticas que fueron concertadas a partir de las principales necesidades o desafíos que tienen los funcionarios públicos que llevan a cabo los operativos contra los delitos ambientales del país, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los jueces, entre otros.

Este libro presenta un análisis de la dimensión social, ambiental, política y jurídica de las principales fuentes de afectación sobre la fauna y flora del país, haciendo énfasis en la identificación de los sujetos infractores o delincuentes ambientales, su relación con los grupos armados, y los desafíos institucionales para enfrentar estas acciones a nivel nacional. La obra se divide estratégicamente en cuatro partes: la primera se centra en la presentación y análisis de información secundaria, los derechos de petición y entrevistas individuales a funcionarios con el fin de dimensionar los impactos ambientales y desafíos institucionales por las afectaciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, tercera y cuarta parte, se analizan seis temáticas que fueron concertadas a partir de las principales necesidades o desafíos que tienen los funcionarios públicos que llevan a cabo los operativos contra los delitos ambientales del país, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los jueces, entre otros.