La justicia constitucional constituye uno de los ejes por los que se mide la calidad democrática de los gobiernos, protege las esencias fundamentales de los valores y principios constitucionales, sobre los cuales se edifica un buen gobierno y un respeto a la dignidad humana. Con esta ley se ha puesto en las manos del juez, una vez más, una garantía de tutela judicial que rompe con las tendencias del anterior ciclo, atendiendo a la necesidad potenciar los mecanismos de garantías de los derechos de los ciudadanos en el nuevo contexto.