Bajo el prisma de los derechos la capacidad jurídica deja de ser vista como una "condición natural" a través de la cual se mide la aptitud de la persona para participar en el tráfico jurídico y pasa a constituirse en una exigencia ética de dignidad que garantiza a los ciudadanos el goce pleno de los derechos y las libertades fundamentales, en un plano de igualdad frente a los demás. Desde esta nueva perspectiva se asume, entonces, que el reconocimiento de la capacidad jurídica es presupuesto básico para el ejercicio de los derechos, con lo cual se da un distanciamiento frente a la postura tradicional, en virtud de la cual se vincula la dignidad humana a la tendencia de ciertos atributos y se reconocen derechos según la medida de dicha "capacidad natural".