Los cambios en el modelo económico y la manera como el Estado actúa en la economía llevaron a la administración pública a recurrir a herramientas variadas con el propósito de responder a estas trasformaciones. Una de estas herramientas es la regulación, que después de ser empleada ampliamente en Estados Unidos y en países de Europa occidental se empezó a usar en nuestro ordenamiento jurídico en el marco de los procesos de liberalización de mercados y del nuevo régimen de los servicios públicos de la Constitución de 1991 .
A pesar del uso generalizado del término en la jerga jurídica actual, no ha sido pacífica la tarea de concretar unos elementos que identifiquen el despliegue práctico de la regulación en el ámbito económico y que posibiliten la conceptualización de la misma. De ahí la necesidad de realizar un examen del uso del término, en clave de la, ampliación de las actividades mediante las cuales se despliega la función administrativa. Con lo anterior se busca aproximarse a un concepto de regulación económica caracterizándola respecto de las tradicionales formas de actuación pública del Estado en la economía, con miras a determinar la cabida y pertinencia del concepto en el ordenamiento jurídico colombiano.
El reconocimiento de la regulación como una actividad que ejerce la administración pública impone la existencia correlativa de controles en la medida en que el carácter técnico que suele atribuírsele no es suficiente para legitimarla, a la luz de las exigencias propias de nuestro régimen constitucional y democrático.
