La información, la participación ciudadana y el acceso a la
justicia (derechos de acceso) son temas que están en constante debate en la
doctrina del Derecho público. Las discusiones al respecto giran en torno a sus
efectos, su naturaleza jurídica, sus características, los mecanismos de
protección judicial y el impacto en la actuación administrativa. Tales
cuestiones vienen siendo tratadas cada vez más por la doctrina, en materia
ambiental son de enorme relevancia y adquieren gran interés a la luz del principio
democrático del Estado: especialmente, al ser una posible respuesta a los con
nietos ambientales. La justicia ambiental se ha ido consolidando como una
demanda social (y ambiental) con una gran capacidad para transformar los
ordenamientos jurídicos y acomodarlos a las necesidades ciudadanas. Uno de los
aspectos más destacados de esa justicia ambiental es el acceso y con él, y a
través de él, la formalización y materialización jurídica de los derechos que
recrean y dan soporte a ese mismo acceso, a saber, la información ambiental, la
participación ciudadana y el propio acceso a la justicia ambiental stricto
sensu.
