Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.
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