Los combatientes son los recursos humanos de la guerra. Saben de armas y violencia. Convertirlos en miembros discretos de la sociedad tras su desmovilización es un reto para los países destrozados por la guerra. Este proceso no siempre termina bien, como se evidencia en los exrebeldes de Nicaragua que han tomado las armas de nuevo, los exmiembros del Ejército de Liberación de Kosovo incursos en organizaciones criminales, o los mercenarios transfronterizos en África Occidental. ¿Cómo pueden evitarse estos resultados negativos tras la desmovilización?
En años recientes, la comunidad internacional ha desarrollado políticas públicas específicas para superar los desafíos de seguridad provenientes del gran número de excombatientes en las sociedades en posconflicto. Estas políticas públicas se conocen generalmente bajo la sigla ddr (desarme, desmovilización y reintegración). Durante el desarme los grupos armados entregan sus armas, demostrando así su compromiso con la paz. La desmovilización consiste básicamente en cambiar los uniformes de los excombatientes por traje de civil y
facilitar la transición hacia la vida civil en el corto plazo. La reintegración es un proceso de largo plazo cuyo objetivo es convertir a las personas desmovilizadas en miembros económicamente independientes y socialmente aceptados por sus comunidades. De acuerdo con el reporte de las Naciones Unidas sobre operaciones de paz (onu, 2000: § 42), el proceso de ddr de los excombatientes es clave para la "estabilidad posconflicto y la reducción del riesgo de recurrencia de conflicto". El primer programa de ddr con asistencia internacional se llevó
a cabo en Namibia en 1989 (ccddr, 2009). Hasta el 2009, sesenta procesos de ddr se habían llevado a cabo, principalmente bajo los auspicios de las Naciones Unidas o el Banco Mundial.