En una economía globalizada como la actual, uno de los retos más relevantes en materia de derechos humanos y gobernanza es qué tipo de regulación deben tener las empresas.
¿Cómo cerrar la brecha entre los procesos económicos transnacionales, por un lado, y la regulación de los deberes y las responsabilidades de las compañías y los Estados, por el otro, para proteger, respetar e implementar los derechos humanos y asegurar la responsabilidad de los autores en caso de violaciones? Y además, ¿qué hacer con el contraste entre el plano de los estándares globales trazados por los organismos internacionales y el de los reclamos concretos de activistas y movimientos sociales que litigan ante los tribunales o emprenden campañas y negociaciones para acceder a medicamentos esenciales, proteger tierras de comunidades indígenas o luchar contra el trabajo infantil?
La ONU adoptó en 2011 los Principios Rectores: un conjunto de preceptos no vinculantes que buscan establecer una serie de parámetros a escala mundial para que Estados y empresas definan sus políticas, normas y procesos sin vulnerar los derechos de los sujetos. Pero ¿es suficiente este paso? Este libro recoge las voces y debates que se están dando hoy, para trazar un exhaustivo panorama. Así examina el ecosistema de los Principios Rectores (su historia e implementación, sus objetivos, su impacto real en las sociedades, sus implicancias legales, quiénes son las víctimas de abuso y las luchas que se han librado en torno a ellas) para medir logros y limitaciones; pero sobre todo, a partir de la evidencia empírica, para analizar hasta qué punto es necesaria una visión superadora a la actual que permita ir más allá con otro tipo de iniciativas.
En un campo cada vez más fértil y controvertido, Empresas y derechos humanos en el siglo XXI resulta un invalorable aporte para comprender un fenómeno de mucha vigencia y de enorme impacto en la vida de las personas, sobre todo de las más vulnerables.
