Constituye una desgraciada realidad cotidiana de nuestros tribunales penales la continua suspensión de los juicios orales, tal como se evidencia en las estadísticas judiciales publicadas en los últimos cinco años.
Pese a la gran repercusión práctica que tiene la suspensión de los juicios, lo cierto es que no ha merecido en la doctrina la suficiente atención; todo lo contrario que la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional que, en menos de diez años, se ha pronunciado sobre esta institución en más de medio millar de sentencias.
Lo cierto es que el problema de las suspensiones de los juicios orales ocasiona grandes perjuicios tanto respecto a los ciudadanos, por la lentitud que provoca y el retraso que origina en el ejercicio de su legítimo derecho de acción, como respecto a la administración de justicia, cuyo descrédito y pérdida de prestigio van ahondando en la desconfianza de la sociedad hacia la misma.