Las aproximaciones feministas al sistema penal se han hecho desde dos visiones opuestas: por un lado, una postura con una arraigada función simbólica que pretende la inclusión en la legislación de nuevos y ampliados tipos penales basados en la persistencia de la opresión sexual y de la organización patriarcal. Por otro lado, la que duda del derecho penal y de su capacidad para modificar la realidad de la violencia sexual, por lo cual se ha concentrado en criticarlo, se aparta de su uso y no busca salidas que se originen en pautas de interpretación no discriminatorias que atenúan los sesgos en el proceso penal, evidentes en la manera como algunos jueces interpretan las normas, valoran las pruebas o simplemente les niegan a las mujeres el acceso real a la justicia. […]
El objetivo central de [este libro] es presentar una reflexión en torno a esas preguntas que la teoría feminista no ha abordado en sus acercamientos al derecho penal. Hoy sigue siendo un reto la pregunta sobre la legitimidad de los daños diferenciales que se causan a las mujeres en determinadas conductas delictivas o a la pregunta sobre el carácter diferencial de la lesividad del bien jurídico protegido cuando hablamos de violencia sexual. La discusión claramente no está cerrada, pero este libro presenta una primera propuesta sobre cómo acercar el derecho penal a una visión teórica feminista crítica.
