El derecho a la reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos es uno de los pilares de la justicia transicional, y es un principio reconocido ampliamente tanto por la literatura como por estándares de derechos humanos. A pesar de su importancia, los programas administrativos de reparación suelen ser considerados políticas con altos costos y poco efectivas. Aún así, la literatura sobre reparaciones ha dejado de lado la pregunta por la viabilidad financiera de estos programas.
Buscando acercarnos a esta pregunta, este texto aporta al análisis sobre la financiación de los programas administrativos de reparación, en particular la reparación de la violencia sexual, a partir de la experiencia colombiana. Así, analizamos cómo se definió la viabilidad financiera de la política de reparaciones creada en 2011, cómo se ha comportado el presupuesto destinado a las reparaciones entre 2012 y 2022, y cuál ha sido el lugar de la reparación por hechos de violencia sexual en este marco.
Este estudio nos permite identificar elementos metodológicos, conceptuales y políticos importantes para establecer qué ha funcionado bien y qué ha sido problemático en este proceso. A partir de esto, discutimos factores que deben tenerse en cuenta en distintos contextos para garantizar programas sostenibles que satisfagan los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente los de las sobrevivientes de violencia sexual.
