Desde su aparición con la Constitución de 1991, la Acción de Tutela resultó un gran auxilio para la defensa de los derechos humanos de los colombianos; empero, la complejidad de los asuntos que comprometían derechos de prosapia fundamental y los niveles de afectación que indicaban una patológica desatención estatal, develaron necesidades mayores que se escapaban a la exégesis y a los recursos normativos brindados por este mecanismo. La Corte Constitucional, con las licencias propias de la corriente neoconstitucionalista ideológica, tuvo que idear la forma de lidiar con tales situaciones, sin perder de vista la cardinalidad de los derechos que estaban en juego y las demandas de una población ávida de soluciones, que no podían ya transitar la ruta trazada por la tutela y requerían un nuevo sendero procesal.