La presente Galatea textual busca evaluar el resplandor que dimanan los principios constitucionales, como deber de obediencia a la que se deben someter todas las instituciones públicas para determinar hipo- téticas fallas del sistema normativo que puedan conducir a una aparente indisciplina por parte de los funcionarios administrativos al momento de reconocer, aplicar y otorgar las garantías basilares que le corresponden al conglomerado social cuando navega por una causa o procedimiento sancionatorio de rango administrativo.
Se pretende entonces, generar una reflexión sucinta que devele la probable y constante falencia, por parte de la rama ejecutiva, en el reconocimiento de la tridivisión de las ramas que constituyen el poder público, en tanto que esta, al parecer en determinadas ocasiones ha pretendido actuar como el todopoderoso estatal rebasando las funciones legales que le corresponden a sus pares constitucionales.
Por esta virtud, es necesario definir las potestades otorgadas a la administración general del Estado, con la finalidad de comprender si estas se erigen como patente de corso para desairar los principios inherentes a sus causas o actúan como fuente para extralimitar los alcances de la función pública, habida cuenta que los denominados principios elementales del debido proceso han sido definidos como la barrera de contención ante los probables excesos pasionales en que pueda incurrir la administración.
