El pilar fundamental de la institución del arbitraje es el consentimiento, dada su marcada naturaleza negocial. De la existencia de este concepto deriva la eficacia del pacto arbitral y, por ello, la competencia de los árbitros para resolver las disputas que se someten a su conocimiento. Del grado de precisión o de exactitud y claridad con que se exprese el consentimiento para arbitrar depende la eficiencia del pacto arbitral y su aptitud para activar el mecanismo del arbitraje.