El terrorismo es uno de los ataques más graves a la seguridad de cualquier sociedad. Cada Estado ha de adoptar las medidas necesarias para combatir eficazmente los delitos de terrorismo, porque no sólo constituyen un peligro para las instituciones del Estado democrático, sino también una seria amenaza al conjunto de los ciudadanos. Al mismo tiempo, sin embargo, resulta claro que los esfuerzos por combatir el terrorismo –nacional o internacional– no justifican que se vulneren los derechos fundamentales o que sean abolidas las garantías esenciales del proceso penal. Este libro aborda desde distintas perspectivas algunos de los retos que el terrorismo plantea para la investigación penal y para el sistema de garantías procesales: por ejemplo, y entre otros, la incomunicación de detenidos, los secretos de Estado o la función de la información de inteligencia en el proceso penal. El presente estudio no se limita al panorama jurídico español, sino que también analiza críticamente las medidas adoptadas en otros ordenamientos en materia de lucha contra el terrorismo, con la intención de contribuir al debate acerca de qué concesiones o excepciones en materia de derechos fundamentales resultan aceptables para garantizar la seguridad frente al terrorismo.