La Revolución francesa inauguró un Estado moderno como Estado de Derecho, en el que no solamente los gobernados sino también los gobernantes estarían sometidos al ordenamiento jurídico de cada nación. Ese Estado que confrontaba el despotismo de los monarcas aspiró a limitar y a contener los abusos y los excesos de esos gobernantes proclives al absolutismo, apelando para ello a la teoría de los pesos y contrapesos, reconocida a Montesquieu, siendo el poder judicial -cuya legitimación se sustenta en la ratio iuris- la principal salvaguarda de ese nuevo Estado, garante de los derechos de todos. Pero en la praxis de los primeros regímenes liberales, las cosas no parecieron responder al proclamado principio de igualdad; el propio régimen francés excluyó a las mujeres, a los inmigrantes y a los hombres no propietarios –finalmente a la gran mayoría- consagrando con ello unos nuevos privilegiados. En América, los Estados Unidos cuya revolución fue anterior a la francesa, tampoco incluyeron a las mujeres y a los negros.