La libre circulaciĂłn de personas, bienes y servicios entre los distintospaĂses, ha determinado como contrapartida la globalizaciĂłn del crimen. Este complejo fenĂłmeno incide profundamente en el modus operandi de la delincuencia, transformĂĄndolo y abriendo caminos inĂ©ditos. Son mĂșltiples las perspectivas desde las que se puede analizar la criminalidad en el siglo XXI, pero son tres los elementos clave que queremos abordar en la presente obra, debido a que se han revelado como esenciales en la reforma del crimen organizado. Se trata del carĂĄcter transnacional de un fenĂłmeno que va mĂĄs allĂĄ del Estado, por la presencia de grupos, integrados cada vez mĂĄs por un mayor nĂșmero de personas, perfectamente estructuradas y con lĂłgicas muy jerarquizadas, y la digitalizaciĂłn de los mismos gracias al uso generalizado de internet, de las aplicaciones de inteligencia artificial, y en general, de las nuevas tecnologĂas. Estos nuevos modelos de criminalidad y de criminales requieren la elaboraciĂłn de una estrategia de lucha y de respuestas desde el derecho penal sustantivo y procesal, que permitan adaptar los sistemas de justicia a tales desafĂos. Por todo ello, la presente obra, tiene la finalidad de contribuir al debate en torno a las principales cuestiones operativas y normativas y a las perspectivas de reformas, para adaptar los sistemas de justicia a la criminalidad organizada transfronteriza y digitalizada.
Del anĂĄlisis de estas aportaciones resultan que tres son los principales «frentes» abiertos, cuya regulaciĂłn y/o reforma son determinantes para una polĂtica criminal mĂĄs eficaz y efectiva. En primer lugar, la investigaciĂłn en canales de comunicaciĂłn y la protecciĂłn de datos en la investigaciĂłn criminal, en segundo lugar, la bĂșsqueda, localizaciĂłn y privaciĂłn de activos en la lucha contra el crimen organizado, y por Ășltimo la corrupciĂłn y las redes criminales. Ahora bien, la adopciĂłn y el correcto funcionamiento de las medidas adoptadas en estos ĂĄmbitos dependen de la fuerza de los mecanismos de cooperaciĂłn judicial en materia penal tanto entre los Estados de la UE como con los paĂses terceros, y en general de los sistemas de justicia y de su capacidad de adaptaciĂłn al nuevo contexto. Dichos instrumentos constituyen las bases, los elementos necesarios, para una progresiva consolidaciĂłn de un espacio de justicia comĂșn. Dicho en otros tĂ©rminos, sin confianza mutua y, por lo tanto, sin el intercambio estructurado de datos, documentos, informaciones y sin relaciones o quizĂĄs mejor dicho «redes» (networks) entre los actores involucrados no puede haber una respuesta suficiente.