Esta obra demuestra que en el Perú existe una configuración constitucional basada en los derechos fundamentales de participación, libertad de expresión y de reunión que hace de la protesta social una herramienta de democratización del régimen político jurídicamente viable. Luego de una revisión detallada de la teoría de la democracia, se propone el uso de la comprensión procesal de la democracia de Charles Tilly para destacar el potencial democratizador de la protesta social. Así, se exhibe una ciudadanía que, en plena crisis de la representatividad, goza de una herramienta para participar en la esfera pública y trasladar sus demandas al Estado. Para corroborar empíricamente este carácter democratizador se recurre a un análisis de caso de la protesta social contra el Régimen Laboral Juvenil, acontecida en el Perú entre los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015. Este caso sirve de ejemplo sobre cómo la protesta social se encuentra sometida a una tensión entre el uso democratizador que le dan los ciudadanos para incidir en la forma en que se ejerce el poder y la criminalización que despliega el Estado para reprimirla. Partiendo de esta tensión se realiza un ejercicio de dogmática jurídica para formular una configuración constitucional de la protesta social que ampara su pleno ejercicio e identificar las garantías constitucionales que pueden activarse ante su vulneración.