Cuando en 1982 Pablo Escobar fue elegido como miembro de la Cámara de Representantes, no lo hizo simplemente para obtener prestigio, sino para incidir directa y personalmente en decisiones legislativas, constituyéndose en un antecedente contemporáneo de procesos de infiltración, captura y cooptación de instituciones que durante las siguientes tres décadas marcarían la génesis reciente de la ilegalidad en Colombia. Aunque organizaciones criminales – como los carteles de Medellín, Cali y norte del Valle, así como grupos paramilitares y guerrilleros, y bandas delincuenciales organizadas– e incluso ciertos poderosos agentes privados legales siguieron avanzando en procesos cada vez más profundos de corrupción, captura y cooptación con la intervención de agentes operando desde sectores legales, es aún común que la corrupción en Colombia se defina únicamente como una relación ilícita puntual mediada por el soborno entre agentes privados legales con poder económico y públicos con poder de decisión.
La omisión de la intervención de agentes criminales y de otros que desde organizaciones legales cooperan con intereses criminales, y la falsa creencia sobre que se trata de hechos ilícitos casuales, esporádicos entre individuos aislados, ha conducido a una imagen no solo simplificada sino distorsionada de la corrupción. Sin embargo, este problema ha alcanzado estadios sistémicos mediante la intervención de estructuras criminales diversificadas, horizontales y fluidas, con la participación de agentes legales, ilegales y opacos, que proucen impactos perversos y perdurables sobre la sociedad, como se observa en diversos países, entre ellos Colombia.
