La mejora de la economía española ha alejado del foco mediático el problema del sobreendeudamiento de los consumidores, que sigue sin embargo muy presente en la realidad de los juzgados españoles. Diversos factores como la "fácil" concesión de crédito por parte de entidades bancarias y financieras a particulares incapaces de hacer frente a sus deudas multiplican aún hoy las situaciones de insolvencia, cuyos efectos sobre las familias y el propio sistema financiero generan graves problemas sociales.
Pervive así el interés por analizar las debilidades de un marco normativo que no ha sabido impedir y apenas ha podido paliar tales situaciones, restando verificar si la Ley 5/2019, de contratos de crédito inmobiliario y la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcos de reestructuración preventiva e insolvencia, podrán fortalecerlo.
