A lo largo del siglo XX, las ciudades latinoamericanas experimentaron un vertiginoso proceso de urbanización, acompañado por una débil institucionalidad pública. El resultado es evidente: ciudades extensas y densamente pobladas con problemas como la segregación socioespacial y la ocupación informal de terrenos. La tarea pendiente es encontrar formas más equitativas y sostenibles de relacionamiento con el espacio y el territorio, lo cual requiere una intervención pública respaldada por bases jurídicas e institucionales sólidas. A diferencia de los avances europeos desde el siglo XVIII, los esfuerzos en América Latina han sido dispersos y lentos. Hasta hace poco, las leyes colombianas y el Estatuto de la Ciudad de Brasil eran ejemplos notables, pero queda una inmensa tarea para desarrollar marcos normativos efectivos que aborden los desafíos de la urbanización en la región.