La presente investigación aborda varias de las problemáticas actuales en la contratación estatal, derivadas de la inseguridad jurídica que genera la ausencia de potestades exorbitantes en los acuerdos de voluntades regidos por el derecho privado que anualmente ascienden a una suma superior a los 35 billones de pesos.
A partir de un análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de algunas normas especiales, se plantean fórmulas legales para buscar un equilibrio entre las actividades económicas y comerciales de las entidades estatales sujetas al derecho privado y la imperativa protección al patrimonio público, y a los intereses generales de la Administración. De esta manera, queda abierto el debate sobre una propuesta alternativa y hasta el momento poco discutida en el ámbito académico.
