La colección de capítulos que el lector tiene entre sus manos permite considerar la historia y el gobierno de los territorios mineros desde diferentes puertas de entrada. Conviven aquí textos escritos por juristas, por historiadores y por expertos en participación. Abarcan ellos desde el siglo XVI hasta la coyuntura actual. Se preguntan por la base tecnológica de la explotación, por la validez constitucional de interpretaciones jurídicas específicas, por la hermenéutica de interfaces visuales como los mapas, por los mecanismos de resolución de conflictos con los que cuenta el Estado colombiano, entre otros muchos temas. Usan herramientas tomadas de la geografía, la economía, el derecho y la historia. ¿Qué tienen de común estas narrativas? ¿Qué las dota de un hilo conductor? El problema de la capacidad regulatoria de conflictos desarrollada alrededor de la actividad extractiva por parte de formas específicas de gobierno, que van desde la Colonia hasta el Estado colombiano contemporáneo.
En efecto, la autoridad política ha enfrentado problemas endémicos a la hora de regular las economías extractivas, por lo cual muchas de ellas han salido parcialmente de la órbita de la legalidad y han terminado por volverse actividades altamente criminalizadas. ¿Qué tienen de específico las industrias extractivas que hace tan difícil y traumática la regulación de los conflictos que inevitablemente van asociados a ellas? Varios de los textos sugieren una respuesta. Desde la sal, en el tránsito del mundo colonial a la República, hasta el oro, el petróleo y el carbón en la actualidad, comparten una triple condición. En primer lugar, constituyen materias primas de exportación esenciales para la economía del territorio dado, sea un espacio colonial, sea el Estado-nación, sea una región específica.